Con las entrañas retorcidas por el dolor y la amarga sensación de la impotencia, la nación dominicana sufre la  prevalencia de muerte de mujeres a manos de hombres,  registrándose un aumento de  20 casos del 2010 al 2011.  Pasó de 210 a 230   en ese periodo, y en lo que va de año al menos 115  han muerto, promediando  anualmente  198 casos, lo  que  preocupa a todos los sectores de la sociedad.

Las estadísticas de feminicidios registradas en la Procuraduría General de la República dan cuenta de que a junio, 102 mujeres cayeron víctimas de este mal. Las cifras oficiales están desactualizadas y los medios de comunicación recogen 13 muertes más.

 La violencia intrafamiliar o de género se ha constituido en uno de los delitos más frecuentes  contra  las mujeres,  siendo las  jóvenes las más afectadas, sobre todo las mujeres en edades entre  15 y 49 años.

El sistema judicial, que debería garantizar a las mujeres la vida y el  respeto de sus derechos constitucionales,   adolece de  acciones contundentes que garanticen la integridad física y emocional de las mujeres.

Según datos   aportados por el Ministerio de la Mujer, en el libro “Mujeres dominicanas en cifras 2000-2012”, los bajos niveles de efectividad con que opera el Ministerio Público, antes que proteger a las víctimas aumenta sus niveles de vulnerabilidad.

La violencia  contra la mujer no solamente representa una amenaza sistemática y sistémica contra las mujeres, sino que se convierte en un cáncer social que arrastra a los hijos e hijas de las víctimas, a sus  familiares más cercanos y lacera a la población, que se  indigna por la crueldad con que el hombre dispone de la vida de la mujer.

Otras víctimas de los feminicidios.   Un promedio de 264 niños anualmente quedan huérfanos por causa de los feminicidios. Son entregados a  sus familiares más cercanos (abuelas, abuelos, tías y tíos), sin ayuda terapéutica.

Las instituciones públicas es poco o ninguno el seguimiento que les dan a esos niños y niñas   en la orfandad,   que ni siquiera entienden qué pasó que papá mató a mamá.

Las secuelas emocionales que arrastran se refleja en un o una  adolescente con vacíos existenciales que pueden inducirlos a la delincuencia común o al consumo de alcohol y de otras  drogas.

La mujer tiene derecho a tener derechos. Los organismos internacionales y las organizaciones de mujeres a nivel nacional e internacional reivindican en distintas actividades que las mujeres son humanas que tienen derecho a que se respeten sus derechos   consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los acuerdos y convenios internacionales.

Ni una más, ha sido una de las consignas más impactantes de las últimas campañas en contra de los feminicidios, en la que  reclamaban el derecho de la mujer a que el Estado tome medidas que protejan su vida y su salud emocional.

¿Qué hace la justicia? La Procuraduría General para los Asuntos de la Mujer, dirigida por la magistrada Rosanna Reyes, ha desarrollado diversas iniciativas para tratar de reducir y prevenir la violencia ejercida por el hombre contra la mujer.

Sin embargo, las fiscalías barriales y las casas comunitarias de justicia no cuentan con mecanismos efectivos de protección a las víctimas, ya que su principal herramienta es la conciliación y el diálogo entre las parejas.

En estas instituciones  las víctimas no cuentan con la debida protección que evite  que el  agresor, enfurecido por la afrenta de la mujer  de llevarlo a la justicia, termine matándola.

Ineficiencia

Datos de  la Procuraduría General indican un promedio anual de 60 mil denuncias de violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales; sin embargo, los bajos niveles de efectividad de las acciones del Ministerio Público  en lo que respecta a protección y seguimiento de las denuncias  podría  aumentar los niveles de vulnerabilidad de las víctimas, ya que se exponen a la furia del agresor al saberse sometido a la justicia. Un alto porcentaje  desiste de la denuncia por los riesgos.