SANTO DOMINGO, R D.- El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, coincidió con la opinión de otros destacados juristas en el sentido de que el Tribunal Superior Electoral es el organismo facultado para conocer de conflictos como el suscitado al interior del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Ante preguntas periodísticas, el ejecutivo de la organización cívica no partidista respondió que en los conflictos de los partidos políticos, el TSE es la jurisdicción electoral la que tiene competencia para actuar.

Coincidente con ese criterio se han expresado juristas de la categoría de Flavio Darío Espinal, quien puntualizaba en un escrito reciente que “El artículo 13 de dicha ley establece que una de las atribuciones de este Tribunal es conocer en única instancia “de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos, o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios”.

Si bien ese artículo 13 contiene un párrafo que limita al TSE para intervenir cuando se trate de medidas disciplinarias, es obvio que el conflicto existente en el PRD trasciende a tales medidas, ya que envuelve violaciones de los derechos constitucionales de los dirigentes perredeístas que alegan se les afectó e sus derechos ciudadanos, fueron desconocidos los Estatutos del partido y se vulneró el debido proceso de ley, inclusive si tuviera alguna base la adopción de sanciones de carácter disciplinario.

Pereira y Castillo Pantaleón

Antes habían opinado sobre el tema abogados con la autoridad de Luis Miguel Pereira, quien estableció que el TSE actuó conforme al derecho cuando ordenó la suspensión provisional de las expulsiones y suspensiones en el PRD. Cree que también actuó con prudencia cuando ordenó la suspensión de la convocatoria del CEN, hasta tanto se conozca el fondo del asunto. Señaló que el TSE tiene competencia para hacerlo y actuó con prudencia.

Al cuestionar la decisión del grupo de Hipólito Mejía, de descalificar al Tribunal Electoral, Juan Miguel Castillo Pantaleón, un ex fiscal del Distrito Nacional, académico y autorizado litigante opinó que “Si cada parte de un proceso llama a la desobediencia y pretende legitimar su desobediencia, significaría socavar todo el sistema jurídico”.

Castillo Pantaleón fue inapelable al advertir que “los jueces son una autoridad”. Y sugirió que “las partes deben ir a los tribunales a litigar, no a pelear con el juez, porque quien pretenda colocarse de espalda al sistema jurídico tiene el pleito perdido de antemano”.

Exprocurador Céspedes.

El doctor Víctor Céspedes, quien fungió de Procurador General de la República precisamente en el gobierno de Hipólito Mejía, subrayó ayer en un espacio televisivo que en el conflicto del PRD su presidente, Miguel Vargas, tendrá ganancia de causa en cualquier instancia en que sea conocido el caso, ya que la razón y el derecho están de su lado.

Expuso Céspedes que el hecho de haberse puesto de acuerdo algunos dirigentes, no era suficiente razón para suspender a un presidente del partido y a otros dirigentes, actuándose en base a motivaciones personales, que en modo alguno pueden colocarse por encima de prerrogativas establecidas en la Constitución de la República y en los propios Estatutos del PRD.

El abogado y dirigente perredeísta advirtió que de aceptarse ese precedente, todos los directivos municipales o zonales del PRD estarán a merced de que un grupo de dirigentes acuerden su sustitución, al margen de los estatutos y la Constitución de la República, basados en intereses lesivos de la institucionalidad, lo que conllevaría a un socavamiento de toda la estructura partidaria.