Ing. Félix Bautista, Senador por la
Provincia San Juan
Santo Domingo - Tras un año más en el desempeño de mis funciones como senador de la Provincia San Juan,  hoy tengo el honor de presentar ante mis electores en particular, y ante el país en general, un recuento de los trabajos que he realizados en este año legislativo, en fiel cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución en su artículo 92 como un mandato expreso a los legisladores de “rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan”.

Considero que la rendición de cuentas no es sólo una obligación, es un deber que debe ser asumido con responsabilidad como un componente fundamental en una verdadera democracia.

En esta ocasión, tengo a bien utilizar para estos fines el portal de mi página web, medio masivo de comunicación cuya naturaleza la reconoció, en el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas como un instrumento que “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, además de otros derechos humanos, sino también que promueve el progreso de la sociedad en su conjunto” , ya que le ha permitido miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y ser agentes de cambios en sus sociedades.

Desde el momento en que asumí este importantísimo compromiso con mi país, la concentración de mis esfuerzos ha estado focalizada en actividades que puedan rendir beneficios palpables y marcar una diferencia positiva en el curso de nuestro desarrollo como un Estado Social y Democrático de Derecho, desde las funciones de representación, fiscalización y control que debo desempeñar. Es con ese espíritu con el que durante estos tres años he ejercido el rol para el cual fui democráticamente elegido, sabiendo que no hay nada más dignificante y satisfactorio que el deber cumplido.

En mi rol de legislador pongo a su consideración los proyectos de ley que en este período de gestión he sometido, los cuales abarcan importantes y variadas líneas de acción que han sido, son y seguirán siendo parte de los ideales que como legislador y como persona sostengo. Estos proyectos comprenden aspectos de desarrollo focalizado de la región, derechos fundamentales y desarrollo económico nacional.

Una iniciativa que he presentado es el Proyecto de Ley Orgánica que Regula los Estados de Excepción en República Dominica.

La Constitución de la República ha dedicado un título a la regulación de los estados de excepción en el que establece los lineamientos generales por los que ellos deben regirse. Sin embargo es necesario hacer un desarrollo legislativo de esas disposiciones para que los Estados de Excepción no sean utilizados como un medio de vulneración de derechos fundamentales y consecuentemente erosionen la estabilidad de la democracia nacional. Una legislación clara que establezca los parámetros legales por los que deben regirse los Estados de Excepción, máxime cuando ellos comportan una suspensión de derechos fundamentales, en determinadas situaciones que demandan una actuación urgente y amplia del Estado dominicano.

Este proyecto se sustenta además en la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se fundamenta en valores y principios universales que garantizan los derechos, aún en momentos en que haya necesidad de restringirlos: el principio de legalidad dispone la sujeción irrestricta de todos los poderes públicos a las normas mientras duren los estados de excepcionalidad; los principios de necesidad y de proporcionalidad, respectivamente, plantean que la declaratoria del Estado de excepción debe ser la única posibilidad de acción para contrarrestar el caso concreto y que las medidas adoptadas sean adecuadas y proporcionales a las situaciones de crisis extraordinaria que impere; el principio de temporalidad establece que la suspensión de derechos sólo será para el tiempo estrictamente necesario, conforme a las exigencias de la situación especial que amerite la declaratoria; y el principio de compatibilidad, concordancia y complementariedad exige que haya armonía entre los diferentes instrumentos normativos locales y externos.

Igualmente presento el logro de contar hoy con una nueva LEY ORGÁNICA SOBRE LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de nuestra autoría, la cual fue producto de la convicción de que República Dominicana demandaba de una nueva ley que hiciera mucho más efectiva la protección de las personas con discapacidad, como población altamente vulnerable que cuenta con la protección del texto constitucional en su artículo 58: “El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política”.

La nueva Ley 5-13, promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de enero de este año, es una conquista personal que me llena de orgullo y satisfacción al saber que he contribuido mínimamente a que las personas con discapacidad cuenten con un instrumento legal que les ayude a gozar de una vida más digna.

Las iniciativas legislativas que he impulsado han rendido sus frutos y muchas ya han pasado el primer periplo de aprobación en el Senado de la República y se encuentran ahora en fase de estudio en la Cámara de Diputados. En esta situación se encuentran los siguientes proyectos:

- Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el cual busca establecer y regular las políticas públicas sobre violencia contra las mujeres en razón de su género de manera integral desde los distintos aspectos de la problemática, y propone la tipificación y penalización del Feminicidio dentro del ordenamiento jurídico dominicano. Este proyecto fue fruto de un proceso de consultas y discusión que dio como resultado la conformación de una mesa multisectorial de trabajo, en la cual participaron importantes instituciones del Estado y la sociedad civil, todas vinculadas directamente a la problemática de la violencia de género en el país: la Procuraduría General de la República y su dependencia de Asuntos de la Mujer, Ministerio de la Mujer, Asesores del Poder Ejecutivo en materia de Género, Comisionado de Apoyo a la Reforma de la Justicia, Pro-Familia, Colectiva Mujer y Salud, Foro de Feministas de República Dominicana, Oficina Técnica de Investigación Legislativa (OTIL) adscrita a la Senaduría de San Juan.

- Proyecto de Ley mediante el cual se crea el Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morel”, el cual tiene por objetivo crear un marco institucional idóneo para satisfacer las necesidades de las instituciones del Estado y del sector privado, con relación a los datos geoespaciales necesarios para una adecuada planificación del desarrollo de la nación en distintas áreas.

- Proyecto de Ley que crea el Consejo Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística. Esta iniciativa pretende fortalecer la elaboración de las estadísticas nacionales, desarrolladas por las entidades que componen el Sistema Estadístico Nacional existente, a través de la readecuación y modernización de los elementos que conforman el Sistema Estadístico Nacional. Este proyecto contó, además, con la participación del Banco Central de la República que hizo valiosos aportes para que el mismo respondiera a los estándares internacionales en lo que a estadísticas se refiere a la vez que se adecuara a las necesidades puntuales de nuestro país.

- Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal, cuyo objeto es garantizar la protección de los datos de carácter personal asentados en archivos, bancos de datos o cualquier otro medio de almacenamiento, para que no sean objeto de un uso indiscriminado ni contrario a los principios establecidos por la Constitución dominicana. Este proyecto, además, ha sido objeto de estudio por parte de la Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional del Ministerio de Salud Pública, el cual se encuentra en estos momentos embarcados en el desarrollo y puesta en funcionamiento de la Estrategia Nacional e-Salud de la República Dominicana. A estos fines, la Oficina Senatorial de San Juan ha participado activamente en las discusiones, pues estoy consciente de la importancia radical que este proyecto tiene desde el ámbito de la salud, que es, por demás, una de las áreas que contiene las informaciones más sensibles del ser humano y necesita de una protección especial. Esta importancia es reconocida igualmente por el Ministerio de Salud Pública, el cual ha acogido este proyecto como parte fundamental de su agenda.

Los proyectos de nuestra autoría que se encuentran en fase de estudio por las comisiones correspondientes en el Senado de la República son los siguientes:

-  Proyecto de Ley sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas. Este proyecto busca establecer un marco regulatorio que supla la necesidad de control del gasto público, planteando mecanismos de registro y mantenimiento de las infraestructuras que forman parte del patrimonio del Estado, guiando por principios tan básicos y necesarios como la “eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación”, tal y como lo expresa el artículo 138 de la Constitución dominicana sobre la administración pública. Como ente gestor, el Estado debe velar por el fiel cumplimiento de estos principios y manejar como buen administrador los dineros e inversiones de la nación, de la cual las obras de infraestructura representan un gran porcentaje.

-  Proyecto de Ley mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la República Dominicana. El proyecto responde al mandato del artículo 54 de la Constitución, el cual consagra a la Seguridad Alimentaria como un derecho fundamental,  estableciendo que el Estado “promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria”, para que la población en general tenga acceso al abastecimiento en alimentos suficientes y adecuados. La Seguridad Alimentaria ha sido un tema que en los últimos años ha tenido prioridad en la mayoría de los países del mundo, definiéndose como la disponibilidad y estabilidad en el suministro y distribución de alimentos para que todas las personas gocen de su acceso y consumo en base a cantidad, calidad y libres de contaminación de forma tal que se asegure el bienestar nutricional de la población y se les permita hacer un buen uso de los alimentos para que alcancen su desarrollo, sin que esto devenga en perjuicio al medio ambiente.

- Proyecto de Ley que crea el Instituto Dominicano de las Leguminosas (INDOLEGUMINOSAS), el cual busca la creación de una entidad responsable de crear las condiciones necesarias para  elevar la productividad y la calidad de las leguminosas a niveles que permitan la autosuficiencia nacional y la generación de divisas a través de una oferta de calidad exportable y competitiva en los mercados extranjeros.

- Proyecto de Ley que crea el Fondo Nacional para la Atención Solidaria en Salud (FONASS), el cual busca crear los medios necesarios para gestionar, administrar y otorgar recursos financieros para pacientes que padezcan de enfermedades de alto costo y complejidad, ofertando una asistencia médica altamente especializada y brindando cobertura a enfermedades con repercusión sistémica, que actualmente se encuentran contenidas en los catálogos de los seguros de salud. Con la creación de este fondo, personas que padecen VIH/SIDA, virus de Hepatitis B y C, insuficiencias orgánicas terminales, politraumatismos graves, diabetes e hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, u otras similares, contarán con los recursos que les permitan tratar estas dolencias.

- Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima. La creación de esta institución deriva del mandato constitucional del artículo 177, que establece que “El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal”. Esta pieza busca velar por el respeto de los derechos de la víctima de escasos recursos económicos, a través de su representación legal gratuita además de salvaguardar los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y debido proceso.

- Proyecto de Ley de Estímulo a la Inversión, Desarrollo e Innovación Tecnológicas. Con esta propuesta se busca fomentar la inversión en procesos y actividades tecnológicas e innovadoras del país, principalmente en las áreas de producción, distribución, desarrollo e investigación, para lograr un desarrollo competitivo y una estrategia de innovación  tecnológicas que estructuren la plataforma de inserción de la Nación en la era del conocimiento. En el Siglo XXI, la investigación y la  innovación son los factores que determinan el proceso de crecimiento económico global, y obligan a que los países eleven los niveles de preparación de la población y creen las condiciones de competitividad necesarios. El proceso de desarrollo económico de la República Dominicana debe estar hoy encaminado a un cambio de estrategia,  focalizado en el fomento de un sistema de conocimientos y capacidades adaptado a las nuevas directrices globales, que implique la aplicación del conocimiento como la nueva fuente de creación de valor y riquezas.

- Proyecto de Ley sobre Divorcio. Este proyecto propone un reordenamiento de los procesos de divorcio, para que respondan a la realidad de la sociedad actual, principalmente protegiendo el principio de igualdad entre hombres y mujeres reconocido en la Constitución de 2010, que ha introducido además elementos novedosos al matrimonio como instituto jurídico, como lo es el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios realizados por ministros de iglesias no católicas. La revisión y adecuación de la Ley 1306-Bis, sobre Divorcio, de fecha 21 de marzo del año 1937, es imperativo pues en ella se contemplan elementos que afectan el principio y derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y su actualización debe ajustarse a principios de celeridad, equidad, solución efectiva, tutela de la realidad y economía procesal.

- Proyecto de Ley que modifica algunos artículos de la Ley 06-04, Reestructurando y Convirtiendo el “Banco de Fomento de la Vivienda y la Producción” en “Banco Nacional de Fomento de la Producción y las Exportaciones”, el cual pretende dotar al sector de exportación de la república de una entidad que realmente pueda ser soporte de sus actividades y permita al país una mayor y mejor inserción en los mercados internacionales con la oferta de nuestros bienes y servicios. Hoy día el valor que representa estar inserto en los movimientos económicos globales es quizá la parte más importante en las agendas de los países, sobre todo los más pobres, para alcanzar niveles de desarrollo que les permitan satisfacer las necesidades de sus poblaciones y escalar en los distintos grados de progreso. A través del incremento de la exportación se favorece la balanza de pagos y por vía de consecuencia, representa un incremento el Producto Interno Bruto (PIB), que es una de las variables más importantes para medir el crecimiento de un país; contar con una entidad que responda a las necesidades de este importante renglón de la economía nacional es esencia.

- Proyecto de Ley Orgánica sobre los Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social. Esta iniciativa tiene por objeto regular los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social que se encuentran plasmados en la Constitución de la República, para lograr un verdadero Estado participativo e inclusivo; y ha sido objeto de un exhaustivo proceso de estudio y discusión tanto a lo interno del Senado de la República como por parte de la sociedad civil, con la celebración de vistas pública y talleres con el objetivo de lograr un Proyecto de calidad pero sobre todo, respetuoso de los derechos de las personas a involucrarse activamente en los destinos de la Nación. Este proyecto sufrió una muy importante modificación al ser fusionado con otra iniciativa de nuestra autoría, el Proyecto de Ley que Regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y hoy podemos decir que se trata de un ambicioso proyecto que dotará a República Dominicana de una normativa de avanzada y cónsona con un Estado Social y Democrático de Derecho.

Somos conscientes de que se necesitan muchas cosas más; las cosas pendientes siempre nos preocuparán, nos llamarán a inquietud, pero de la misma manera son estas cosas por hacer las que nos inspiran a seguir trabajando, a seguir deseando y a seguir soñando con un San Juan en el que se aprovechen al máximo sus riquezas para contar con una República Dominicana más próspera.